A la protesta se han sumado por el momento un total de 15 entidades que exigirán un cambio de política para que se reconozca y promueva su aportación social

El mundo rural se manifiesta el próximo 26 de mayo en Valencia para denunciar la discriminación que sufre

València, 12 de abril de 2018. Las principales organizaciones vinculadas al ámbito rural de la Comunitat Valenciana han decidido unir sus fuerzas y sumarse a la manifestación promovida por la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana que recorrerá las calles de Valencia el próximo 26 de mayo con el objeto de denunciar la discriminación que sufre el mundo rural y exigir a las administraciones un cambio en sus políticas.

Entienden las entidades que representan a agricultores, ganaderos, cazadores, cooperativas o silvicultores que la inmensa riqueza que aportan a la sociedad en términos económicos, paisajísticos y medioambientales no sólo no se encuentra debidamente reconocida, sino que en muchos casos determinadas actividades como la caza, los festejos taurinos populares o la pesca deportiva son desprestigiadas y hasta perseguidas de manera sistemática con argumentos falsos y maniqueos.

Los agricultores y ganaderos arrastran desde hace tiempo una profunda crisis de precios que se traduce en el incesante abandono de tierras de cultivo y en un alarmante envejecimiento del sector agropecuario, al tiempo que crece el despoblamiento de un medio rural que se ve castigado además por un déficit en materia de infraestructuras y servicios.

Las administraciones, por su parte, en lugar de mostrar sensibilidad y comprensión hacia los graves problemas que aquejan a los colectivos que mantienen vivo el mundo rural, desarrollan y aplican leyes cada vez más restrictivas y coercitivas que complican todavía más la difícil coyuntura que atraviesan estos sectores.

Un ejemplo especialmente ilustrativo al respecto lo constituye la falta de respuestas por parte de la Administración autonómica al problema de los graves daños que está causando en los cultivos el aumento descontrolado de la fauna salvaje en la Comunitat Valenciana. Cazadores y agricultores siguen esperando, después de un año, algún plan de actuación para poder hacer frente a esta situación.

Así las cosas, los representantes del mundo rural valenciano reclamarán a las administraciones, durante la movilización del próximo 26 de mayo en Valencia, un cambio sustancial de actitud y de política para que la labor social que realizan los colectivos que configuran el ámbito rural sea debidamente reconocida y promovida.

Hasta el momento se han sumado a esta manifestación convocada por la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana un total de 15 entidades: la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), la Unió de Llauradors i Ramaders, la Federació de Tir i Arrosegament de la Comunitat Valenciana, la Federació de Penyes de Bous al Carrer, la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, la Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, la Asociación Española de Rehalas, la Asociación de Rehalas Regionales Españolas, la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española, la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer y la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de la Comunitat Valenciana y la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

COAG subraya en la ONU que para garantizar los derechos de los campesinos son imprescindibles unos precios justos en el campo

• José Manuel Benitez, representante de COAG en la delegación de Coordinadora Europea Vía Campesina, ha intervenido en el Grupo de Trabajo Intergubernamental que del 9 al 13 de abril negocia en Ginebra la propuesta de declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los agricultores/as y las personas que viven y trabajan en las zonas rurales.

• COAG apoya esta histórica declaración porque aseguraría los derechos de los campesinos a alimentar a sus comunidades locales, obtener unos ingresos dignos y proteger los sistemas alimentarios más sostenibles y diversos para el conjunto de la sociedad.

Ginebra / Madrid, 12 de abril de 2018. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado su más firme apoyo a la propuesta de declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y las personas que trabajan en las zonas rurales, durante la reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU que del 9 al 13 de abril negocia en Ginebra el texto final.

Durante su intervención, el representante de COAG en la delegación de Coordinadora Europea Vía Campesina, José Manuel Benitez, ha subrayado que uno de los pilares básicos para garantizar los derechos de los campesinos/as se sustenta en unos precios justos para sus producciones. “Los precios que recibimos llevan años estancados mientras que los costes de producción no dejan de subir. Eso supone que no haya una renta agraria digna porque en ocasiones los precios percibidos por los agricultores no llegan a cubrir los costes de producción. Una renta digna para los pequeños y medianos agricultores/as y ganaderos/as sería vital para el conjunto de la sociedad porque garantizaría una alimentación sana y diversa a un precio justo, al tiempo que se protegería el medio ambiente, la biodiversidad y desarrollo sostenible del medio rural”,  ha afirmado Benitez.

COAG considera “histórica” la futura declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los agricultores porque aseguraría los derechos de los campesinos a alimentar a sus comunidades locales, obtener unos ingresos dignos y proteger los sistemas alimentarios más sostenibles y diversos para el conjunto de la sociedad. En este sentido, se trabaja para recabar el apoyo del Gobierno español ya que dicha declaración sería un valioso instrumento a nivel internacional que gobiernos e  instituciones deberían respetar, proteger y cumplir para evitar los abusos contra los pequeños y medianos agricultores respecto a la utilización de semillas, acaparamiento de tierras o especulación en la cadena de valor agroalimentaria.