Prioridades para la nueva legislatura en materia agraria

COAG pedirá a García Tejerina un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional

• El sector agrario, como base de la alimentación, es estratégico para el conjunto de la sociedad española y así reclamamos que se establezca dentro de la agenda del nuevo gobierno.

• Aplicación rigurosa de la ley que regula la cadena alimentaria, plan para mitigar el alza de los insumos, incorporación de jóvenes y mujeres,  rechazo al TTIP, reforzamiento presupuestario de la política de seguros agrarios e innovación, entre las cuestiones más importantes.

Madrid, 4 de noviembre 2016. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera una ventaja la continuidad de Isabel García Tejerina al frente de Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente porque su conocimiento de la realidad del sector debería servir para acelerar y afrontar con garantías las mejoras que necesita el modelo social y profesional de agricultura en nuestro país. En ese sentido, desde COAG se considera prioritario a corto y medio plazo:

• La renovación de la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. Se ha conseguido uno de los principales objetivos de la Ley 19/95, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta de los agricultores y ganaderos.

• El creciente envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado. En ese sentido, desde COAG se estima necesario priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes y mujeres en los nuevos Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen que aplicar las CC.AA,  facilitar el acceso a la tierra, una Formación Profesional continua, adaptada y de calidad para los agricultores/as jóvenes, o el establecimiento de beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social, entre otras ventajas.

• Reequilibrio  de la Cadena Alimentaria. Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena agroalimentaria. “La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles para los consumidores”, ha puntualizado Miguel Blanco, Secretario general de COAG. En ese sentido, desde COAG se  propone mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.

• Además, se hace imprescindible emprender una serie de actuaciones para revertir la continuada y grave pérdida de renta de los agricultores y ganaderos en los últimos años (-16% en última década), especialmente en lo que concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza (+39% desde 2003) ha comprimido la rentabilidad del sector. En ese sentido, desde COAG se propone, entre otras, medidas de tipo fiscal, tales como el incremento del IVA compensatorio al sector ganadero equiparándolo a la agricultura. En relación a los costes de la factura eléctrica, la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario. En el caso de los regadíos es imprescindible adaptar un contrato de temporada que se adecúe a las características de esta actividad y sea realmente operativo para los regantes.

• Asimismo, es necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos.

• Proceso de negociaciones de la nueva PAC 2020. El Ministerio de Agricultura debe trabajar en Bruselas por una nueva orientación de la Política Agraria Común más social y profesional, que acabe con “verdeos” de escaparate y priorice los apoyos a los verdaderos profesionales agrarios, que trabajan directamente en su explotación y generan desarrollo económico y bienestar social en el medio rural.

• Rechazo al  Acuerdo Trasatlántico  de  Comercio  e  Inversión  entre  la  UE  y  EEUU (TTIP). El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad. Al plantear un cambio del marco regulatorio europeo en aspectos tan sensibles como la seguridad alimentaria, las denominaciones de calidad o las normas medioambientales, los agricultores europeos lo entendemos inasumible. COAG planteará a que se someta a votación en el Congreso, para que todos los partidos se posicionen claramente ante el mismo.

• Por su parte, el seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. En ese sentido, se reclama un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro.

En estos momentos, el sector agrario también está viviendo el inicio de un proceso que llevará a la introducción masiva de las nuevas tecnologías en la producción primaria (TICs, big data, posicionamiento,..). Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y ello nos preocupa tres aspectos críticos: el relevo generacional, la privacidad y uso de los datos de las explotaciones y la formación del capital humano.