jueves, 20 de septiembre de 2018

COAG exige análisis de sangre en origen de todos los lechones que entren en nuestro país

Ante la imposibilidad de paralizar las importaciones

COAG exige análisis de sangre en origen de todos los lechones que entren en nuestro país


  • Tras la detección de Peste Porcina Africana (PPA) en Bélgica, la UE y el Gobierno español deben extremar los controles y las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y la expansión de una virulenta enfermedad que podría tener dramáticas consecuencias para el sector porcino español.

  • Para evitar la entrada de la PPA en nuestro territorio, esta organización apela a la responsabilidad y coordinación de todos los agentes implicados en la cadena de valor del porcino: administración, ganaderos, veterinarios, transportistas e integradoras.

  • Además, se ha pedido a la Federación Nacional de Caza que informe y conciencie a los cazadores de los riesgos que comporta la importación fraudulenta de jabalís de países de la UE.

Madrid, 19 de setiembre de 2018. Tras la detección de Peste Porcina Africana (PPA) en Bélgica, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se controlen y analicen, vía extracción de sangre, todas las importaciones de lechones que entren en nuestro país ante la imposibilidad de paralizar las mismas. Además, esta organización reclama a las autoridades comunitarias y nacionales que se extremen las medidas actuales de bioseguridad en las granjas de destino de dichos lechones, se realicen controles más exhaustivos a los camiones que transportan de animales de diferentes especies y  se exijan certificados de limpieza y desinfección a los vehículos de transporte de carne fresca y curada de los países con PPA (Bélgica, Bulgaria y Rumania).

Asimismo, COAG pide que las actuaciones se centren también en la fauna salvaje, ya que el último foco detectado en Bélgica la semana pasada tenía su origen en dos jabalíes encontrados muertos. En este sentido, esta organización reclama a la Federación Nacional de Caza y las diferentes administraciones que informen y conciencien a los cazadores de los riesgos que comporta la importación fraudulenta de jabalís de países de la UE. A pesar de la orden publicada a nivel europeo, por la que se prohíbe el movimiento de jabalís entre Estados Miembros, JARC_COAG tiene constancia de que están entrando crías de estos animales escondidos en los maleteros de los coches, que tienen como destino los cotos de caza.

Para evitar la entrada de la PPA en nuestro territorio, COAG apela a la responsabilidad y coordinación de todos los agentes implicados en la cadena de valor del porcino. “La última vez que entró la peste porcina en España, año 1997 y 2000, supuso el bloqueo de nuestras exportaciones durante un par de años. El sector porcino español no puede permitirse la entrada de la PPA porqué pondría en riesgo uno los pilares económicos de nuestro sector agroalimentario; el 12,7% de la Producción Final Agraria y  casi el 40% de la Producción  Final Ganadera. En la última década hemos doblado la facturación por ventas al exterior, pasando de 2.440,4 millones en 2008 a los 5.080,0 millones de euros el año pasado (+108,16 %)”, ha subrayado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG, a lo que ha añadido el potencial de creación de empleo en el medio rural, “cerca de 300.000 puestos de trabajo directos y más de 1 millón de forma indirecta, empleo que se crea en su mayoría en las zonas rurales, en las que se ubican tanto granjas como gran parte de las industrias, contribuyendo a fijar población en los pequeños núcleos”, ha apostillado.
CREA PIDE UNA REGULACIÓN ELÉCTRICA
CON TARIFAS MÁS JUSTAS PARA LOS REGANTES

El incremento de costes merma la competitividad de las explotaciones y asfixia a los productores.

Esta asociación ha recordado al Gobierno reivindicaciones históricas de los regantes, como un IVA reducido o poder firmar con las eléctricas dos contratos al año con potencias diferentes.

Las explotaciones de regadío y las comunidades de regantes vienen sufriendo desde hace años incrementos inasumibles en las facturas eléctricas que reducen la competitividad de nuestro regadío y producen un agravio con respecto a otros países. La superficie de riego en Andalucía supone 1.100.000 hectáreas (25% de la Superficie Agrícola Utilizada andaluza) y representan un 67% de la Renta Agraria y el 63% del empleo agrario (UTA). Cualquier incremento en los costes de producción, como ha ocurrido en los últimos días con la subida del precio de la electricidad, merma la competitividad de las explotaciones de riego y asfixia aún más a los agricultores.

La desaparición de la tarifa especial de riego agrícola en 2008 provocó que los costes de suministro eléctrico en las comunidades de regantes se duplicaran: las tarifas especiales de riego agrícola garantizaban unos precios regulados para el suministro de energía a las comunidades de regantes, que pasaron a tener que contratar la electricidad en el mercado liberalizado a precios muy superiores.

Además, el incremento del coste del término de potencia en 2013 que acarreó la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisaron los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013, elevó de forma desorbitada los precios unitarios del término de potencia.

Aunque el mercado eléctrico liberalizado ofrece la ventaja de elegir al suministrador de energía y negociar los precios, las comunidades de regantes se han visto afectadas muy negativamente por el incremento del término fijo de potencia contratada, incluso intentado hacer el máximo consumo de energía en los periodos más baratos.

A pesar de estos obstáculos, los regantes siguen afanándose en modernizar sus explotaciones con el fin de ahorrar agua y aumentar la eficiencia del riego, realizando grandes inversiones y endeudándose en el mercado financiero. Por todo ello, CREA considera imprescindible una regulación del sector eléctrico que ofrezca un modelo de tarifación más justa para los regantes.

Si bien los cambios en el sistema eléctrico español son complejos, debido en gran medida al oligopolio de las compañías suministradoras, creemos que el Gobierno no puede permitir que el regadío español sea uno de los que más paga por la electricidad en toda Europa.

La escalada del precio de la electricidad está repercutiendo en las empresas de suministro, y esto se traduce en revisiones al alza de las facturas o directamente en la rescisión de contratos, ya que las empresas eléctricas no están dispuestas a asumir el sobrecoste que supone vender energía por debajo del precio de mercado.

Por ello, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, CREA, le ha transmitido a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al Ministro de Agricultura, Luis Planas, la necesidad de que el Gobierno tome en consideración, de una vez por todas, medidas que favorezcan al regadío y que son reivindicaciones históricas del sector, como un tratamiento impositivo reducido similar al de otros países comunitarios o la posibilidad de firmar con las eléctricas dos contratos al año con potencias diferentes.

El Gobierno debe regular el sector eléctrico de modo que sea más justo y razonable y que, en particular, no castigue a sectores vulnerables como el regadío, que garantiza alimentos de calidad respetando el medioambiente, fija población en las zonas rurales y es indispensable para mantener el tejido socio-económico de nuestro país.

CREA confía en que la intervención de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que mañana comparece en el Congreso de los Diputados para informar de las medidas que impulsará el Gobierno ante el incremento del precio de la electricidad, vaya en esta línea.

Aunque según la Ministra son muchos los elementos que influyen en el incremento, como la subida de los precios de las materias primas (sobre todo gas y carbón) y de los derechos de emisiones de CO2 en los mercados, CREA espera que el ejecutivo sea consciente con la problemática existente y reaccione a tiempo.

Por otro lado, CREA es consciente de que la energía fotovoltaica es una fórmula que permite reducir los costes eléctricos, ya que la disponibilidad de energía a través de esta fuente es totalmente compatible con la estacionalidad de los riegos (hay más energía cuando las necesidades hídricas son mayores). Para facilitar esta implantación, también es necesario que las administraciones pongan de su parte y favorezcan e impulsen esta fuente de energía de manera general, y especialmente en el regadío. En este sentido, CREA valora positivamente el reciente anuncio de Teresa Ribera confirmando que el Gobierno eliminará el llamado "impuesto al sol", que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España.